Medidas extraordinarias en el ámbito societario-mercantil establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020

Circular del Departamento Mercantil


Ayer, 18 de marzo de 2020, entró en vigor en Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Este real decreto-ley establece unas medidas extraordinarias de trascendencia empresarial aplicables durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

A continuación, exponemos las medidas extraordinarias de carácter mercantil y societario establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020:

  1. Celebración de sesiones de los órganos de gobierno y adopción de acuerdos
    1. Aunque los estatutos sociales no lo prevean, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse mediante videoconferencia, aunque los estatutos sociales no lo prevean. En todo caso la videoconferencia deberá asegurar la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.
    2. Asimismo, aun cuando los estatutos no lo prevean, los acuerdos de los órganos de gobierno y de las entidades indicadas anteriormente podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión, bien cuando lo decida el presidente, bien cuando lo soliciten al menos dos miembros del órgano de gobierno. La adopción de acuerdos por escrito y sin sesión deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.

Tanto en la celebración de sesiones por videoconferencia como en la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión, la sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la entidad.

 

2. Cuentas anuales y verificación por auditor de cuentas

    1. Queda suspendido el plazo para la formulación de las cuentas anuales. La suspensión se establece hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por tres meses más, a partir de dicha fecha.
    2. Cuando el órgano de gobierno o de administración de la persona jurídica obligada a auditar sus cuentas ya hubiese formulado las del ejercicio anterior a la fecha de la declaración del estado de alarma, se prorroga el plazo de verificación de las cuentas anuales por auditor por un plazo de 2 meses desde que finalice el estado de alarma.

 

3. Convocatoria y celebración de Juntas Generales Ordinarias

    1. La junta general ordinaria deberá celebrarse dentro de los 3 meses siguientes a la finalización del plazo para formular las cuentas anuales. Es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la finalización del estado de alarma.
    2. Cuando ya se hubiese convocado la junta general ordinaria a la fecha de declaración del estado de alarma, pero su celebración fuera posterior a la su declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y hora previstos o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado en la web corporativa de la sociedad o, en defecto de esta, en el BOE, con 48 horas de antelación.

En el caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.
4. Uso de medios telemáticos para levantar acta notarial

Si se hubiese requerido la asistencia y levantamiento de acta por un notario en una junta general de socios, éste podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen el cumplimiento de la función notarial.

 

5. Derecho de separación

Aunque concurra causa legal o estatutaria, los socios de las sociedades de capital no podrán separarse de la sociedad hasta que finalice el estado de alarma.

 

6. Reintegro de aportaciones

Se prorroga el reintegro de las aportaciones de los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma hasta que transcurran 6 meses desde su finalización.

 

7. Disolución de sociedades

  1. Si durante la vigencia del estado de alarma transcurriera el término de duración de la sociedad establecido en sus estatutos sociales, la disolución de pleno derecho no se producirá hasta que transcurran 2 meses desde la finalización del estado de alarma.
  2. Cuando la sociedad se halle incursa en causa legal o estatutaria de disolución con anterioridad y durante el estado de alarma, el plazo para que el órgano de administración convoque la junta general de socios para la adopción del acuerdo de disolución o de las medidas que enerven la causa de disolución queda suspendido hasta la finalización del estado de alarma.
  3. Cuando la causa legal o estatutaria de disolución acaeciese durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

 

8. Sociedades anónimas cotizadas

Se aplican las siguientes medidas excepcionales a las sociedades anónimas con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea:

    1. Se amplia el plazo para publicar y remitir el informe financiero anual a la CNMV y el informe de auditoría de sus cuentas anuales, hasta seis meses contados a partir del cierre de ejercicio social. Dicho plazo se extenderá a cuatro meses para la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral.
    2. La junta general ordinaria de accionistas podrá celebrarse dentro de los diez primeros meses del ejercicio social.
    3. Aunque no esté previsto en los estatutos sociales, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia telemática el voto a distancia, y la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional.

Si la convocatoria ya se hubiese publicado a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco días naturales antes de la fecha prevista para la celebración de la junta.

4. Si por imposiciones de las autoridades no se pudiese celebrar la junta general en el lugar y sede físicas establecidos en la convocatoria y no pudiese hacerse uso de la facultad indicada en el punto anterior:

    • Cuando la junta se hubiese constituido válidamente en dicho lugar y sede, podrá acordarse por esta continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de la misma provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes.
    • Cuando la junta no pudiese celebrarse, la celebración de la misma en ulterior convocatoria podrá ser anunciada con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la junta no celebrada, con al menos cinco días de antelación a la fecha fijada para la reunión.

En este caso, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio complementario la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, siempre que se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías:

            1. asistencia telemática;
            2. representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y
            3. voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.

Cualquiera de estas modalidades de participación en la junta podrá ser de aplicación, aun cuando no esté prevista en los estatutos, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto.

5. Los acuerdos del consejo de administración y los acuerdos de la Comisión de Auditoría podrán adoptarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque esta posibilidad no esté contemplada en los estatutos sociales.

 

9. Plazos registrales

Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación y de cualesquiera asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. El plazo se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma.
10. Plazo para la solicitud de concurso de acreedores

  1. El deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá la obligación de solicitar el concurso de acreedores mientras dure el estado de alarma. Los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante el estado de alarma o durante los dos meses siguientes a contar desde su finalización. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.
  2. No tendrán obligación de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, los deudores que hubiesen comunicado la iniciación de negociaciones con acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo judicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo establecido en el apartado 5 del artículo 5bis de la Ley Concursal.