Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2020, sobre el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (2020/2790(RSP))


El Parlamento Europeo ha dictado con fecha 13 de noviembre de 2020 la resolución (2020/2790 (RSP)) sobre el impacto que tienen las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y sobre los derechos fundamentales.

Ante la necesidad de los Estados miembros de adoptar medidas restrictivas contra la COVID-19, el Parlamento Europeo se encuentra preocupado por como dichas medidas impactan en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, ya que afectan al ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales tales como la libertad de circulación, la libertad de reunión y asociación, la libertad de expresión e información, la libertad religiosa, el derecho al respeto de la vida familiar, el derecho de asilo, el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la intimidad y la protección de datos, el derecho a la educación y el derecho a trabajar.

Así, en dicha resolución, recuerda que, incluso en un estado de emergencia pública, deben prevalecer los principios fundamentales del Estado de Derecho, la democracia y el respeto a los derechos fundamentales, y que todas las medidas de emergencia, excepciones y limitaciones están sujetas a tres condiciones generales, las de necesidad, proporcionalidad en sentido estricto y temporalidad.

Reitera también su llamamiento a los Estados miembros para que no abusen de los poderes de emergencia en favor de aprobar una legislación no relacionada con los objetivos de emergencia sanitaria por la COVID-19 con el objeto de superar el control parlamentario. Así, en dicha resolución realiza una serie de peticiones, además de recordar la importancia de que dichas medidas sean supervisadas por el poder legislativo y judicial y que no puedan ser usadas, en último término, para realizar un cambio en el equilibrio o reparto de poderes.

Se pide a los Estados miembros que, siempre que resulte necesario, incorporen en la toma de decisiones a expertos independientes en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales, haciendo expresa mención de los defensores del pueblo, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil.

Por último, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que encargue urgentemente una evaluación independiente y exhaustiva de las medidas adoptadas durante la “primera ola” de la pandemia de COVID-19, con el fin de extraer conclusiones que puedan ayudar a garantizar que las medidas restrictivas que pudieran ser necesarias adoptar en un futuro por posteriores pandemias, cumplan con esas condiciones generales de necesidad, proporcionalidad estricta y temporalidad, limitando al máximo su impacto en la democracia, Estado de Derecho y los derechos fundamentales.