El arbitraje ha ido ganando terreno en España como un mecanismo eficaz para la resolución de disputas comerciales de carácter internacional.

Este auge coincide con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Arbitraje en enero de 2024, el relevante caso STAMPA de 2022, y el posicionamiento de instituciones como CIAM-CIAR, que se consolidan como referentes en la resolución de disputas internacionales en España.

Ante este panorama, resulta fundamental analizar qué podemos esperar del futuro del arbitraje en España y cuáles son sus principales méritos como alternativa a la jurisdicción ordinaria.

¿Qué es el arbitraje?

No existen instrumentos jurídicos internacionales que definan el arbitraje de manera absoluta, ni siquiera los dos principales marcos normativos en la materia: la Convención de Nueva York de 1958 y la Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL). Sin embargo, en términos generales, se puede definir como un método de resolución de disputas consensual y vinculante para las partes, que se desarrolla fuera de los tribunales estatales tradicionales (no debe confundirse con la mediación, cuyo resultado no es vinculante para las partes).

En España, el arbitraje está regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que adapta la normativa española a los estándares internacionales.

Ventajas y méritos del arbitraje

El arbitraje presenta una serie de ventajas que han impulsado su crecimiento y consolidación como un mecanismo de resolución de disputas comerciales:

  1. Experiencia de los árbitros → A diferencia de los jueces estatales, que pueden no estar especializados en la materia objeto del litigio, en el arbitraje las partes pueden designar a expertos en el sector objeto del litigio, lo que aporta un mayor grado de conocimiento técnico.
  2. Confidencialidad → A diferencia de los litigios en tribunales estatales, que suelen ser públicos, el arbitraje garantiza la privacidad del procedimiento.
  3. Rapidez del procedimiento → La duración del arbitraje suele ser notablemente inferior a la de un litigio en la jurisdicción ordinaria.
  4. Flexibilidad procesal → Mientras que los tribunales estatales están sujetos a procedimientos rígidos, el arbitraje permite a las partes adaptar las reglas del proceso a sus necesidades específicas, desde el idioma hasta los plazos o la normativa aplicable.
  5. «One-shot» / Ausencia de apelación → En la mayoría de los casos, el laudo arbitral es definitivo y de cumplimiento obligatorio, sin posibilidad de apelación.
  6. Autonomía de las partes → Las partes no solo eligen las reglas del proceso y al árbitro, sino que también pueden determinar si el fallo se basará en criterios jurídicos estrictos o en equidad, lo que otorga mayor control sobre la resolución del litigio.
  7. Confianza en el proceso y en los árbitros → Al haber elegido activamente tanto el tribunal como las reglas del procedimiento y confiado en el prestigio de los árbitros en su ámbito, las partes suelen percibir el arbitraje como un foro más justo y neutral, en el que su posición es mejor escuchada y comprendida.
  8. Reconocimiento y ejecutabilidad de los laudos arbitrales → Gracias a la Convención de Nueva York de 1958, los laudos arbitrales son más fácilmente reconocidos y ejecutables a nivel internacional en comparación con las sentencias judiciales, lo que refuerza la eficacia del arbitraje en disputas transfronterizas.

Futuro del arbitraje en España

El creciente reconocimiento del arbitraje en España queda reflejado en el incremento de su uso en sectores estratégicos. En 2024, la Corte Española de Arbitraje (CEA) ha visto un notable crecimiento en su actividad, gestionando 40 casos por un total de 211 millones de euros, un 35% más que el año anterior. Además, el valor medio de los litigios ha aumentado un 18%, situándose en 5,3 millones de euros por caso.

El sector seguros ha sido el más representado, concentrando un 34% de los casos, seguido de energía y societario (19% cada uno). También han tenido presencia destacada los sectores agroalimentario y tecnológico, reflejando la diversificación del arbitraje en España.

España sigue consolidándose como un centro clave para el arbitraje internacional, impulsado por el crecimiento del CIAM, la llegada de firmas especializadas como Three Crowns y el aumento de disputas de alto valor. Casos recientes, como el arbitraje de 13.570 millones de euros entre Malasia y los herederos del Sultán de Joló, el acuerdo entre Repsol y Sinopec o el litigio de 400 millones entre el Real Madrid y Mubadala, reflejan la creciente relevancia del arbitraje en sectores estratégicos. Esta tendencia posiciona a Madrid como un referente en la resolución de disputas comerciales a nivel internacional.

Conclusión

El crecimiento del arbitraje en España en los últimos años, reflejado en el aumento de casos y su diversificación sectorial, confirma su consolidación como una alternativa ágil, especializada y flexible frente a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, aún enfrenta desafíos como los altos costes y la delimitación de las facultades del árbitro, lo que genera debates sobre su accesibilidad y eficacia en determinados contextos.

Aun así, la combinación de marcos regulatorios nacionales e internacionales, junto con el fortalecimiento de instituciones arbitrales como CIAM-CIAR, sugiere que el arbitraje continuará ganando relevancia en la resolución de disputas comerciales en los próximos años.